Ley de servidores públicos (página 2)

El Congreso Nacional comenzó anoche
a aprobar el proyecto de ley urgente sobre los servidores
públicos durante una sesión salpicada de gritos,
insultos y agresiones físicas que enfrentó a los
diputados del Gobierno, socialcristianos, roldosistas, Pachakutik
y emepedistas.El trámite de la ley se dio en dos etapas:
la primera se inició a las 10h25, cuando el grupo de
centroizquierda y los roldosistas perdieron con la diferencia de
4 votos la posibilidad de negar el proyecto; la segunda, en la
sesión que se instaló pasadas las 17h00, en la cual
el PSC, la Sociedad Patriótica, Prian, los independientes,
la DP y el CFP lograron 51 votos, lo cual viabilizó el
trámite de la ley. El proyecto que se discute pretende
unificar y homologar los salarios de los servidores
públicos, regular las indemnizaciones, mejorar el control
del nepotismo y crear un organismo que administre los recursos
humanos y se encargue de la fijación de los salarios.La
sesión se tornó violenta a las 20h36, cuando se
ordenó la votación de la moción del diputado
socialcristiano Pascual del Cioppo, respecto a que apruebe en
plancha los 101 artículos no impugnados y la nueva
mayoría del Gobierno logró reunir los 51 votos que
necesitaba. José Columbo, diputado de Pachakutik,
votó con la mayoría.Al observar que el diputado
Columbo se salía de la línea del movimiento, el
jefe de bloque de esa agrupación, Jorge Guamán, se
dirigió a su curul y a la fuerza pretendía bajar su
brazo; en ese instante, los diputados de Gobierno, Gilmar
Gutiérrez y Renán Borbúa, rodeados del
personal de seguridad, escudaron a su aliado.Más adelante
la legisladora del PSC, Rocío Jaramillo, se sentó
junto a Columbo para vigilar su voto, que se constituyó en
determinante para definir la mayoría.Los roldosistas,
socialdemócratas y emepedistas gritaban en la sala:
"Vendidos, miserables, golpistas", lo cual fastidió a los
socialcristianos y se abrió una nueva riña entre
los diputados Alfonso Harb y Simón Bustamante (PSC) y Omar
Quintana (PRE).Durante la convulsión, el socialcristiano
Pascual del Cioppo señalaba a los periodistas: "Esto es
divertido, ustedes deben estar divirtiéndose". El
legislador se atribuyó el triunfo de la
negociación.En la sala se dobló la seguridad
legislativa. Calmados los ánimos, el diputado
Guamán anunció la expulsión del legislador
José Columbo de las filas de su movimiento y los
roldosistas hicieron circular una lista en la cual constaba el
nombre del hijo del legislador, Cristian Columbo, como jefe de la
unidad de relaciones institucionales de Petroecuador.Luego, la
mayoría legislativa aprobó 5 artículos de
los 57 impugnados, y negó uno que se refiere a los
requisitos para el ingreso al servicio civil.Los diputados se
declararon en sesión permanente por moción de los
socialcristianos, quienes pretendían concluir con la
aprobación del documento, y así evitar
enfrentamientos con los servidores públicos que anunciaron
movilizaciones para hoy hacia el Congreso.La sesión
terminó a las 23h05.

Viernes 26 de septiembre del
2003Política

El Congreso
aprobó la ley de los servidores
públicos

Vicente Ordóñez, Redactor |
QUITO

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QUITO.– Decenas de servidores públicos
protagonizaron ayer enfrentamientos con miembros de la
Policía, en el exterior del Congreso Nacional, en protesta
a la Ley de Servicio Civil y Unificación
Salarial.

Los diputados aprobaron un tope de hasta 30 mil
dólares en las indemnizaciones del sector
público.

Con el apoyo de los socialcristianos, prianistas,
demócrata populares, independientes, cefepistas y un
diputado disidente del movimiento Pachakutik, el Gobierno
logró ayer que el Congreso apruebe la Ley de Servicio
Civil y Carrera Administrativa y Homologación
Salarial.

Los legisladores se tomaron 22 horas y 30
minutos, distribuidas en dos días de debates, para darle
trámite a dicho cuerpo legal, que regula las actividades
del sector público, unifica sus salarios y controla el
nepotismo.La aprobación definitiva fue precedida por un
escenario de violencia, matizado por insultos y agresiones entre
diputados. Afuera del Parlamento, enfrentamientos entre
servidores públicos y la policía obligaron al
régimen a reforzar la seguridad.

La noche del miércoles, el Gobierno
y los socialcristianos impusieron su criterio y fraccionaron al
bloque de Pachakutik para ganar el voto del diputado José
Columbo.La turba de manifestantes que se concentró en el
Congreso agredió al legislador Héctor
Bárcenas (DP-AN) y los vehículos de los diputados
Pascual del Cioppo (PSC) y Kenneth Carrera (Prian) fueron
apedreados y apaleados.En la sesión de ayer, los
enfrentamientos se registraron hacia las 11h15, cuando Wilson
Sánchez (Prian) y Mario Touma (PRE) se insultaron al
tratar de explicar la posición de sus partidos frente a la
ley.Después se enfrentaron Xavier Sandoval (PSC) y Carlos
González (ID), y luego lo hicieron el independiente
Vicente Olmedo y Ernesto Pazmiño (ID). Los ánimos
se calmaron y prosiguió la discusión. Columbo fue
nuevamente determinante para reunir los 51 votos que necesitaba
cada artículo.De cerca, ese voto era vigilado por el jefe
de bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez,
y el socialcristiano Pascual del Cioppo; mientras el jefe de
bloque de Pachakutik, Jorge Guamán, ratificó la
expulsión del legislador Columbo dijo que trataban de
denigrar su honra al señalar que vendió su voto a
la mayoría del Gobierno.El diputado Andrés
Páez (ID) se excusó de presidir la Comisión
de lo Laboral y Social y encargó al vicepresidente, Carlos
Torres (PSC).El apuro del PSC y el Gobierno, quienes llevaron el
control de la sesión, impidió que la sala realizara
un receso al mediodía para homenajear a personas de la
tercera edad con el

Premio Valdivia y se improvisó la
ceremonia en el hall del Parlamento, hecho que recibió el
rechazo de la centroizquierda.Marco Proaño Maya (PRE)
dijo: "es una vergüenza que el Congreso, a la intemperie y
con gases lacrimógenos, rinda homenaje a la tercera
edad".Hasta las 17h00, el Parlamento logró acuerdos sobre
la unificación de los salarios (exceptuando a los
militares, policías, maestros, funcionarios legislativos y
judiciales).En adelante, la sesión se estancó
cuando comenzaron a tramitarse los puntos polémicos como
el monto de las indemnizaciones e incluso se dijo que el PSC
abandonaría la sala si no había consenso.La DP
pretendió excluir de las indemnizaciones a los
trabajadores amparados en los contratos colectivos, pero el PSC
insistió en la votación y logró el voto del
diputado Marcelo de Mora.Al final de la sesión, Wilfrido
Lucero (ID) denunció que al disponer la derogatoria de los
artículos 124 y 126 de la Ley de Aduanas, se levanta la
prohibición de que los ex miembros del Servicio de
Vigilancia Aduanera se reincorporen a la entidad.Esa
observación provocó un nuevo enfrascamiento y la
sala resolvió solicitar al Presidente de la
República que vete esta parte de la ley urgente.No
pudieron salvar la ley, porque el artículo fue
reconsiderado y para poder volver a tramitarlo tenían que
contar con el voto unánime de los presentes en la sala. La
sesión concluyó con esta recomendación. Eran
las 22h40.

Lunes 29 de septiembre del
2003Política

Ley salarial no
cubrirá a todos, según analistas

Xavier Reyes, Redactor | QUITO

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QUITO.– Los servidores públicos expresaron
su desacuerdo, fuera del Congreso el jueves pasado, con la
aprobación de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.

Según el presupuesto del Estado, hay
286.378 servidores públicos en el gobierno
central.Alrededor del 80% de los servidores públicos
estarán excluidos de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, también denominada "reforma laboral",
según los términos utilizados en la carta de
intención firmada con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).El presupuesto general del Estado, publicado en el Registro
Oficial del 10 de abril pasado, contempla un total de 286.378
servidores públicos en el gobierno central, ubicados en 19
sectores.Pero el texto –aprobado por el Congreso el jueves
pasado y que plantea la unificación y homologación
salarial– no regirá para cinco sectores del gobierno
central: Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía,
Educación y las funciones Judicial y
Legislativa.Según la Comisión de lo laboral del
Congreso, estos sectores suman 219.800 empleados y trabajadores,
que representan el 76,75% del total de servidores
públicos. Gustavo Arteta, director de la
Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes),
advierte que "la reforma está incompleta" y considera que
los grupos "excluidos" debieron formar parte de la ley.El ex
ministro de Economía, Alfredo Arízaga, expresa que
"de hecho la norma se aplica solo a una minoría; sin
embargo, es importante porque la presión salarial se hace
extensiva a otros sectores".La relación del número
de servidores frente al total es similar si se toma en cuenta el
monto destinado a pagar remuneraciones.Según una
presentación del Banco Central, solo los sectores
Judicial, Educativo, la Policía y las Fuerzas Armadas
–que juntos suman 1.422,32 millones de dólares para
salarios– representan el 75,39% del gasto de personal de la
pro forma de este año.El discurso oficial advierte que la
nueva ley pondrá un límite a los privilegios de los
sindicalistas y altos ejecutivos de Petroecuador, Andinatel,
Pacifictel y las empresas eléctricas.Arteta, sin embargo,
considera que la regulación debió extenderse a todo
el sector público para que la reforma sea
real.Arízaga, en cambio sostiene, por ejemplo, que
"más que mandar una ley habrá que definir los roles
de estos sectores"."¿Qué papel se quiere (para las
Fuerzas Armadas)?, ¿defensa interna?, ¿lucha contra
el narcotráfico?, ¿transporte de carga y pasajeros
a zonas geográficas de difícil acceso? Con la
Policía pasa lo mismo. Incluso puede haber una
redistribución del personal de ambas instancias",
agrega.Arízaga manifiesta que los cambios derivados de la
aprobación de la ley de servicio civil deben incluir
medidas complementarias que aseguren que los sectores en los que
sí se aplica la reforma logren el objetivo del Gobierno:
ahorrar. "Se deben aplicar medidores de gestión para un
mejor desempeño de la calidad del gasto",
puntualiza.

Viernes 03 de octubre del 2003
| 15:37Política

Las renuncias
voluntarias de servidores públicos requieren 30 millones
de dólares

Las solicitudes de renuncia de al menos unos 100
trabajadores de las empresas estatales representan un valor
superior a los 30 millones de dólares "que el Estado
ecuatoriano no tiene", aseguró este mediodía el
ministro de Gobierno, Felipe Mantilla Huerta.

Como una reacción a la recientemente aprobada Ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa que regula las
indemnizaciones hasta en un máximo  de 30 mil
dólares, empleados de entidades estatales autónomas
presentaron sus renuncias en los últimos quince
días, desde que comenzó en el Congreso el
análisis del proyecto de ley, para buscar millonarias
indemnizaciones.

Según una investigación de TC
televisión, los valores por indemnización  de
algunos de los solicitantes a su trabajo de Petroecuador,
sobrepasan los 250 mil dólares por persona.

El ministro Mantilla reconoció posibles
dificultades de carácter jurídico, porque si bien
la ley fue aprobada por el presidente Lucio Gutiérrez,
aún falta su publicación en el Registro Oficial y
además, los empleados presentaron sus renuncias antes de
su aprobación. "Si la ley está publicada, los
renunciantes deben someterse a ella", aseguró.

El presidente Gutiérrez dijo que la
intención, y por eso su apresurada
aprobación,  es que no se tramite ninguna renuncia, y
que éstas deberán someterse a lo que dispone la
nueva ley con indemnizaciones de máximo 30 mil
dólares.

Miguel García, representante de los servidores
públicos, reconoció que el fenómeno
está sucediendo en todas las entidades autónomas,
como en las superintendencias, en el Banco Central, en
Petroecuador, lo que "podría provocar desfases
presupuestarios en esos organismos.

Viernes 03 de octubre del 2003
| 09:53Política

Pachakutik considera
la ley de servidores públicos como
inconstitucional

El diputado de Pachakutik, Jorge Guamán, dijo
esta mañana a Citynoticias que la ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa es inconstitucional porque viola los
derechos de los trabajadores del país.

Jorge Guamán, quien además es jefe de su
bloque en el Congreso Nacional,  expresó que esta ley
fue impuesta por los miembros del Partido Social Cristiano y del
PRIAN (Renovador Institucional Acción Nacional)porque
ellos serían los más beneficiados con su
aprobación.

El movimiento Pachakutik junto al Movimiento Popular
Democrático han comentado la posibilidad de plantear un
pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, aprobada por el presidente Lucio
Gutiérrez el pasado martes 30 de septiembre.

Guamán dijo que su grupo "buscaba desde el inicio
realizar una ley buena, bien elaborada, pero no para
satisfacción de algunas personas, de un partido
político o del Presidente, sino que marque el siguiente
paso a la modernización, para que los trabajadores sean
responsables".

Su movimiento, al igual que otros partidos, nombres que
no especificó, "aspiramos a hacer la demanda (de
inconstitucionalidad) porque creemos que en el Tribunal
Constitucional va a ser observada la inconstitucionalidad y no
habrá un punto de vista parcializado".

Guamán criticó que al desarrollar la
propuesta de ley, los funcionarios del gobierno "nunca aplicaron
la realidad, no hay conocimiento cabal de la
administración pública del país, que se
estima que está por encima de 476 mil empleados, otros
estiman 500 mil; Pachakutik sostiene que para hacer una buena ley
se debe hacer un diagnóstico por región, por
institución".

"Esta ley sin duda tiene dedicación, hasta ayer
creíamos que (el presidente Gutiérrez) iba a vetar
la ley porque hay artículos que se contradicen como en el
caso de los artículos 123 y 124 respecto a los
trabajadores despedidos de las aduanas, ellos pudieran
regresar".

El parlamentario que si el Presidente busca algún
consenso para corregir algunos puntos de la ley, habría
que analizar los alcances de su propuesta.

Jueves 09 de octubre del 2003Cartas al
Director

Nueva ley de servicio civil

Se encuentra en camino la nueva Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa que sin duda
acabará con las millonarias indemnizaciones que en
Petroecuador y otras instituciones del Estado, cobran cuando se
despide a un funcionario público.De hecho, no es justo que
una persona en un país pobre como el nuestro, sin
demostrar muchos méritos como funcionario de carrera o
habiendo llegado a esos escritorios por amistades y contactos,
sea merecedora de interesantes sumas de dinero.Escuché el
caso de alguien que salió de Pacifictel con más de
$ 10.000, a cambio de unos pocos meses de trabajo.

Los diputados, el Gobierno, las Fuerzas
Armadas y los servidores públicos llegados por arte de
casi suerte divina, se pueden dar por satisfechos.Con este asunto
de la ley de los servidores públicos, pienso en mi caso:
tengo 28 años trabajando en la Armada del Ecuador como
empleado civil, en el cargo de contador.Mi sueldo básico
de nivel 8 es de $ 299.Me pregunto: ¿Cuál
será mi ingreso básico con la homologación
salarial? Tengo la profesión de ingeniero
comercial.Lucio Eusevio Campos
BorjaGuayaquil

Es hora de que el Ecuador disminuya el
tamaño del gasto público.El Gobierno ecuatoriano
tiene exceso de empleados burocráticos. Forzado por el
FMI, el

Gobierno ecuatoriano así como su
Congreso, se han visto obligados a pasar leyes que le permitan al
país sacar de muchos puestos públicos a
sinnúmero de vagos.El Presidente del Ecuador ha hecho lo
correcto con pasar nuevas leyes que norman la presencia de tantos
vagos en los cargos públicos. Al hacer estándares,
las cantidades de cesantía que aquellos puedan percibir
(eliminando las posiciones doradas), muchos trabajadores
gubernamentales se verán obligados a trabajar para
mantener sus posiciones.Escuché por la radio que grupos
sindicalistas están por organizar paros. ¿Hasta
cuándo se va a dejar que estos grupos
antipatrióticos molesten a la población cada vez
que se trata de hacer algo para sacar al país de la
corrupción? Simplemente dichos pagos de cesantía de
$ 300.000 van en contra del progreso del Ecuador.Isidro
AyoraEE.UU.

Siempre el Ejecutivo, el Congreso y las cortes de
Justicia hacen las leyes para su beneficio, mientras el pueblo se
sigue hundiendo en el abismo.

Los burócratas amenazan con huelgas,
pero a los dirigentes de estas huelgas les callan la boca
dándoles ciertas cantidades de dinero y se acabó la
bulla. Todo esto es negocio y corrupción. ¿Por
qué estos huelguistas no hacen una protesta a nivel
nacional pidiéndole al Gobierno y al Congreso que firmen
una ley penal civil contra la corrupción, a fin de que
todo ladrón corrupto que robe al Gobierno no pueda de por
vida volver a ocupar un cargo público?Marcos
NúñezMiami, EE.UU.

Viernes 19 de diciembre del
2003Economía

Salarios de
servidores públicos quedan congelados por dos
años

QUITO

Los empleados públicos
tendrán el mismo ingreso hasta enero del 2006,
según la última resolución.El
congelamiento de los salarios contemplados en los contratos
colectivos que se firmen en el 2004 y el 2005, así como de
las remuneraciones de las entidades autónomas y gobiernos
seccionales, provocó el rechazo de los trabajadores.La
decisión de no incrementar los gastos de personal fue
tomada por el Consejo Nacional de Remuneraciones del sector
público (Conarem), mediante Resolución 197, que se
publicó el pasado miércoles en el Registro Oficial.
En el texto se señala que "…se mantendrá la misma
masa salarial a diciembre del 2003".Jaime Arciniegas, presidente
del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), subrayó que el
FUT, no dialogará "ni un solo instante con este gobierno"
y anunció movilizaciones y protestas a

partir de enero.Miguel García,
presidente de la Federación Nacional de Servidores
Públicos, cuestionó la competencia del Conarem para
expedir la Resolución. Explicó que la nueva Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa, que entró en
vigencia el pasado 6 de octubre, señala que en el
ámbito salarial le corresponde a la Secretaría
Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y
Remuneraciones del Sector Público (Senres).Entre los
considerandos (argumentos a favor) de la Resolución 197,
se argumenta que "es facultad privativa del Conarem determinar y
fijar la política remunerativa de los servidores y
trabajadores de las instituciones del Estado".Sin embargo, la
disposición decimotercera de la Ley de Servicio Civil
dispone que la Senres se hará cargo de "los bienes,
derechos y obligaciones del Conarem y de la ex Oficina de
Servicio Civil y Desarrollo Institucional".El diputado
Andrés Páez, presidente de la Comisión de lo
Laboral del Congreso, dijo que la resolución es
inconstitucional y anunció que tratará el tema el
martes próximo, a las 11h00.

Miércoles 14 de enero del
2004Política

Debate de ley de
servidores públicos se suspendió
anoche

QUITO

La primera jornada del Congreso
extraordinario, convocado para discutir en segundo y definitivo
debate el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, se frustró anoche, por la salida
del bloque socialcristiano del Parlamento.La sesión se
inició a las 17h50 y, en su primera etapa, aprobó
el proyecto de minoría (favorable) presentado por el PSC.
Cuando se intentaba formar una mayoría legislativa para
cambiar el proyecto del Ejecutivo, los socialcristianos salieron
del edificio.El presidente encargado, Ramiro Rivera,
convocó para continuar el debate hoy a las 09h00.Por la
mañana, el presidente del Congreso, Guillermo
Landázuri, manifestó que "la Presidencia del
Parlamento no es negociable", al ser consultado si
negociaría su estabilidad en ese cargo a cambio de unirse
a una mayoría legislativa para nombrar al Contralor del
Estado y el levantamiento de la inmunidad a su coideario,
Guillermo Haro (ID).Landázuri reconoció que el
Congreso está en deuda por no haber nombrado al Contralor,
pero "en estos días el país tendrá una
agradable sorpresa".

Jueves 11 de noviembre del 2004 | 11:38El
País

Servidores
públicos iniciaron cierre de carreteras

Un miembro de la Policía abre el paso vehicular,
luego de que empleados del Ministerio de Agricultura cerraron por
media hora la avenida Machala, a la altura de Padre Solano, para
exigir al Gobierno Nacional la homologación de sus
salarios.

El presidente de la Confederación Nacional de
Servidores Públicos (Conasep), Héctor Terán,
confirmó este jueves a Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil)
el cierre de algunas carreteras del país para exigir al
Gobierno el cumplimiento de la homologación
salarial.

Terán indicó que durante las horas de la
mañana los burócratas bloquearon la vías de
ingreso de las provincias de Esmeraldas y El Oro, mientras que en
le resto del país también se procederá a
cerrar otras vías.

Siete ministerios mantienen la medida en
reclamo de recursos para el proceso de homologación
salarial que, según la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, debe empezar en enero del 2005. Terán
señaló que gracias a la gestión de la
primera dama, Ximena Bohórquez, ayer los trabajadores
lograron reunirse con el ministro de Trabajo, Raúl
Izurieta, para analizar la propuesta del
régimen.

"No se llegó a ningún acuerdo
y los trabajadores continuaremos con la medida porque no
aceptaremos la propuesta del régimen, porque en ella no
existe homologación, sino un congelamiento de sueldos para
la mayoría de los servidores públicos", sostuvo el
presidente de la Conasep.Los burócratas en primera
instancia pidieron al Ejecutivo la entrega de 96 millones de
dólares, pero ahora exigen 60 millones.

Sin embargo, luego de una reunión
mantenida con las autoridades gubernamentales, los servidores
públicos recibieron la propuesta de asignarles 30 millones
de dólares.Los servidores llevan cinco semanas de
paralización porque el régimen no ha aceptado
incluirlos en la homologación salarial. Debido a ello,
aseguran, si el Gobierno no los incluye en la
homologación, el 24 de noviembre realizarán una
gran marcha hacia el Congreso Nacional. 

Los burócratas también advierten sobre la
realización de una huelga de hambre desde el
próximo lunes.

Martes 21 de febrero del 2006
| 15:48Economía

Contraloría
regulará sueldos gigantes en servidores
públicos

Para la Contraloría, la época de la
llamada "burocracia dorada" llegó a su fin. Desde
mañana, el organismo de control iniciará una
revisión a las cuentas de las empresas públicas
para que todos los empleados que ganaron más de $ 8.000 al
mes devuelvan con intereses los montos al Estado.

La decisión se tomó hoy luego de la
denuncia que el secretario de la Secretaría Nacional de
Remuneraciones (Senres), Abel Echeverría, y el presidente
de la Comisión de lo Laboral del Congreso, Andrés
Páez (ID), presentaran ante el contralor Genaro
Peña.

Peña recordó que desde octubre del 2003
ningún funcionario público puede ganar más
de ocho mil dólares, que es el sueldo del Presidente de la
República. Lo hizo con papeles en mano, entre ellos una
comunicado del procurador José María Borja del 16
de febrero en la que admite que "todos los funcionarios
públicos están bajo las regulación de la ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa con los límites
salariales que ello implica".

Echeverría mostró ante la prensa con un
poco de ironía ejemplos entre los cuales consta el sueldo
del último Superintendente de Bancos. "Se rebajó el
sueldo a 7.999 dólares, es decir, un dólar
menos que el Presidente, para cumplir con la norma".

La resolución de Contraloría
molestó a los servidores públicos, que ya anuncian
movilizaciones para los próximos días,
informó Teleamazonas.

Lunes 17 de diciembre del 2007Política

Notarios y
registradores serán servidores
públicos

MONTECRISTI, Manabí

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Oswaldo Salazar, auxiliar de la
Notaría Primera de Pichincha, mientras revisa los
documentos del archivo de esta oficina.

La propuesta es de Acuerdo PAIS para que
estos funcionarios tengan un sueldo fijo.En el bloque de
asambleístas de Acuerdo PAIS se analiza una reforma
constitucional para que los registradores de la propiedad y
mercantiles, así como los notarios  tengan el estatus
de servidores públicos con relación de dependencia
y un salario fijo.La reforma apunta a controlar y a poner
límite a los onerosos ingresos económicos que
perciben estos sectores por un servicio considerado
público y que  pasen a ser administrados por los
municipios del país.

Los 440 notarios y 190 registradores de la
Propiedad, así como los mercantiles no fueron incluidos en
el segundo mandato constituyente que analiza PAIS y que reduce el
salario de la burocracia dorada a nivel nacional, por debajo de
lo que percibe el mandatario, Rafael Correa ($ 4.250).El manejo
del tema se lo hará dentro de las reformas
constitucionales que tienen que ver con el reordenamiento
territorial y el traslado de competencias, donde se
definirá la institución que se hará cargo y
los recursos que utilizará.La regulación de estos
servicios fue un ofrecimiento de campaña electoral que
hizo el Mandatario. Esta sería una alternativa
válida, si se toma en cuenta que esos gobiernos
intermedios centralizan la información del pago de los
impuestos prediales, con lo cual se facilitará la entrega
de los certificados que demande la ciudadanía. Ese es el
criterio que maneja el asambleísta  Jaime Ruiz, del
partido de Gobierno, quien informó que el tema fue
consensuado con organizaciones sociales y municipios que
están en contra de que estos entes sean manejados como un
negocio particular, que genera ingresos en función del
flujo y cantidad de trabajo.Situación que, a su juicio,
hace que los registradores y notarios de las grandes
ciudades  (Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los
Tsáchilas), con un alto desarrollo urbano, tengan ingresos
semanales desproporcionados de más de 5, 10 o 20 mil
dólares.Según Ruiz, si estas actividades, que son
eminentemente públicas, llegan a ser municipalizadas a
través de reformas constitucionales o legales (Ley de
Régimen Municipal), el costo para la ciudadanía
bajará cuando requiera el servicio.En esa misma
línea se maneja el presidente de la Comisión de
Legislación de la Asamblea, César Rodríguez
(PAIS), quien explicó que el tema no fue manejado en el
segundo mandato constituyente, que regula las remuneraciones del
sector público, porque las registradurías y
notarías están normadas por una ley especial, que
debe tener un trato técnico.Lo cierto, dijo
Rodríguez, es que esas entidades se han convertido en
negocio privado. "Vemos que determinados funcionarios judiciales
están renunciando apresurados ante la posibilidad de
perder sus privilegios, por lo que amerita que ese mandato entre
en vigencia con mayor agilidad", dijo, al referirse a los cinco
magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dimitieron la
semana pasada para no perder su bono de 160.000 dólares.En
iguales términos se pronunciaron los asambleístas
Pedro de la Cruz (PAIS) y Lenin Hurtado (MPD), quienes dejaron a
consideración del presidente de la Asamblea, Alberto
Acosta, la decisión de introducir en el orden del
día del organismo la aprobación del segundo mandato
constituyente.

Martes 17 de junio del 2008Economía

15% subió el
salario de los burócratas

QUITO

El ministro coordinador de la
Política, Ricardo Patiño, anunció ayer un
ajuste salarial -por homologación- de entre el 12% y el
15% para los funcionarios públicos amparados en la Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa. Lo hizo luego de una
marcha de empleados estatales que llegaron al Palacio de
Carondelet con un pliego de peticiones.Existen más de 50
mil beneficiarios, explicó ayer Miguel García,
presidente de la Federación Nacional de Servidores
Públicos. Y agregó que este aumento
significará un egreso al fisco por alrededor de $ 25
millones anuales.

El Gobierno también fijó,
mediante Decreto Ejecutivo 1127, la escala de jubilaciones para
los maestros que decidan separarse voluntariamente del
Magisterio.Los servidores públicos afirman que
el ajuste es parte de la homologación
salarial. Los servidores públicos de las
instituciones adscritas al Ejecutivo tendrán un reajuste
salarial que va entre el 12% y 15%, de acuerdo con el proceso de
homologación salarial. Esto beneficiará,
exclusivamente, a los funcionarios que están bajo el
régimen de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa (Losca).La Resolución
Técnica Presupuestaria respectiva fue entregada ayer por
el ministro coordinador de la Política, Ricardo
Patiño, a los representantes de la Confederación de
Servidores Públicos (Conasep), que llegaron a Carondelet
representados por su presidente, Remigio Hurtado, y el
asambleísta de Alianza País, Héctor
Terán.La aplicación de la resolución
aprobada por el Ministerio de Finanzas implica que los
beneficiados de las instituciones estatales recibirán un
reajuste que va entre los $ 40 y $ 60 al año;
además, se contempla que el alza rija con carácter
retroactivo, desde enero del 2008.Según Miguel
García, presidente de la Federación Nacional de
Servidores Públicos, el incremento fijado consiste en un
piso de $ 435 y un techo de $ 1.600, lo cual, no obstante, no
cubre las expectativas de los trabajadores
públicos. Esto, porque según dijo, las
entidades autónomas tienen salarios mayores y no fueron
reguladas por el mandato 2 de la Asamblea
Constituyente.García explicó que este incremento
beneficiará a unos 54.000 empleados, ya que dentro de este
reconocimiento por homologación no están los
maestros.El dirigente explicó que lo presupuestado para
este incremento representará al Estado alrededor de $ 25
millones anuales.En horas de la mañana, decenas de
servidores estatales, encabezados por Hurtado y Terán,
marcharon hacia el Palacio de Carondelet para pedir que se
aplique la homologación. Incluso, los empleados del
Ministerio de Gobierno paralizaron por cerca de cuatro horas la
atención al público y se declararon en Asamblea
General.Este sector de trabajadores al conocer la decisión
del Ejecutivo descartó realizar alguna
paralización. No obstante, los manifestantes
aclararon que aún quedan pendientes tres puntos que tienen
que ver con la derogatoria de la Norma Técnica de
evaluación y revisión de los servidores
públicos, la reforma del mandato constituyente 2, mediante
el cual se estableció techos para las indemnizaciones del
sector estatal y la aprobación de una Ley Única de
Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Sábado 10 de mayo del 2008El
País

Servidores
públicos exigieron sus derechos

Los servidores de las instituciones
públicas de Galápagos, entre ellas el Parque
Nacional Galápagos (PNG) y el Instituto Nacional
Galápagos (Ingala),  participaron  ayer de una
marcha pacífica en las islas Santa Cruz y San
Cristóbal.La medida, según los
participantes   de la marcha, fue  porque ciertas
autoridades gubernamentales (no citaron nombres) pretenden
desconocer los derechos adquiridos tanto en la Ley
Orgánica de Régimen Especial para la
Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de
Galápagos (Loreg), como por una posterior Ley
Interpretativa, que les concede beneficios económicos a
los servidores públicos del archipiélago. Los
servidores públicos han mantenido conversaciones con
las  autoridades   de la provincia, sin embargo,
ante la negativa de encontrar una solución justa 
decidieron protestar para que las remuneraciones sean las 
que por ley les corresponde.

Miércoles 27 de agosto del 2008
| 08:02Política

Servidores públicos se pronunciarán
mañana sobre el proyecto de Constitución

Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores públicos, indicó
este miércoles que mañana harán una
declaración pública sobre la opinión que
tienen del proyecto de Constitución, cuyo texto han estado
analizando de manera
pragmática.Enfatizó que lo dable es
respetar el pronunciamiento y la opinión de cada uno de
los servidores públicos, por lo que las acotaciones
se harán en términos gremiales y el
pronunciamiento en uno u otro sentido serán
personales. Indicó que como organización
se ven casi obligados a dar una opinión mañana
para que no se diga o se interprete que el silencio de ellos
es porque no tienen interés en el proyecto que se va a
someter a referéndum, "y en ese sentido vamos a
actuar". La declaración, sobre el balance de la
Constitución 2008 la harán a las 10:00 en
Quito, en el local de la Ciespal.

García indicó a Citynoticias
(89.3 FM en Guayaquil) que personalmente considera que hay
algunos artículos de la nueva Carta Magna que no
están bien estructurados, pero haciendo un balance
"entre lo bueno y malo" cree que el proyecto constitucional
es mejor que el del 2008, por lo que está de acuerdo
con la nueva carta magna.Así como él hay otros
sindicalistas que tienen sus posiciones. Sobre, todo cuando se
trata del código de trabajo y las reformas que se hacen en
la nueva Constitución, como el tercer inciso del
artículo 229, que indica que solo los obreros y
obreras serán regidos por el Código de
Trabajo. Señaló que a criterio de ellos (los
otros sindicalistas) "es un enorme perjuicio porque los
trabajadores ya no podrían ser regidos por el
Código de Trabajo, no podrían acceder a la
contratación colectiva ni a los contratos colectivos, en
consecuencias deberán sumarse -así se entiende-
todos a la Ley de Servicios y Carrera Administrativa, que no es
precisamente la mejor ley", refirió.

Miércoles 27 de agosto del
2008Política

Servidores públicos no harán campaña
electoral

QUITO

Los servidores públicos se abstendrán de
hacer campaña por el sí, pese a que dirigente de
PAIS lo planteó como una obligación.

Respuesta.Los servidores públicos
amparados en la Ley de Servicio Civil  y Carrera
Administrativa somos "neutrales" y no adoptaremos ninguna
posición institucional frente al proyecto de nueva
Constitución,  aclaró ayer el presidente de la
Federación de Servidores Públicos del
Ecuador,  Miguel García.El lunes el subsecretario de
Coordinación Política e integrante del buró
de Alianza PAIS, Eduardo Paredes, dijo que es "obligación"
de los empleados que trabajan para el régimen hacer
campaña por el Sí. "Ellos deben apoyar los cambios
impulsados en el país, para eso fueron designados por el
Presidente de la República",
aseguró. García defendió la
imparcialidad de los trabajadores y subrayó que
nadie  puede obligar a los burócratas a
impulsar  un determinado proyecto político y mucho
menos con una imposición.  "Nosotros no trabajamos
para un Gobierno en particular sino para el
Estado". 

Sin embargo, el dirigente aclaró
que  hasta el momento no ha existido ningún 
acercamiento por parte de las autoridades del régimen para
obligarles a trabajar por el Sí en la campaña
electoral. Consideró que los involucrados son los
más de dos mil trabajadores de libre remoción que
entran al sector público cada cuatro años con el
cambio de gobierno.La Federación realizará
mañana  un pronunciamiento oficial, pero
adelantó que  la tendencia es la "neutralidad" frente
al proceso.El presidente de la Asociación de Empleados del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Ayala,
dijo que existe total independencia de este sector sindical ante
el referéndum del 28 de septiembre. "En ningún
momento se han acercado las autoridades del Ministerio para hacer
campaña. Lo que hemos hecho por nuestra cuenta es analizar
el  tema eminentemente  laboral para ver cuál es
el beneficio o perjuicio".La presidenta encargada de los
trabajadores del Ministerio de Compañías, Anabel
Vinueza, señaló que por iniciativa propia  han
repartido a todos los empleados un ejemplar de la nueva
Constitución para la difusión del proyecto. "Nadie
nos ha dicho nada y además, obligar a hacer proselitismo
político está  prohibido en  la
Constitución en vigencia".Mientras tanto, el contralor
general del Estado, Carlos Pólit, volvió a advertir
que la institución estará vigilante y
anticipó sanciones conforme a la ley, sobre el uso de los
bienes públicos como soporte de la campaña
electoral.Pólit advirtió, además, que los
funcionarios públicos que utilicen los bienes y recursos
del Estado (autos e infraestructura) en la campaña
electoral pueden ser destituidos.

Sábado 07 marzo del
2009Política

Contraloría
advierte a servidores

Uso de bienes públicos

 La Contraloría recordó
a los funcionarios estatales que está prohibido el uso de
recursos, bienes y cargos públicos en actividades
proselitistas, previo al inicio de la campaña electoral el
próximo martes para los comicios generales del 26 de
abril.Los servidores públicos no pueden ordenar la
asistencia a actos públicos de respaldo político de
cualquier naturaleza o utilizar con este fin vehículos u
otros bienes del Estado y ejercer actividades electorales en uso
de sus funciones, según la Ley de Servicio Civil.El
candidato a asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso
(PSC-UDC), acudió ayer a la sede de la Organización
de Estados Americanos (OEA) para pedir que se inicie la
veeduría lo antes posible y que se tome en cuenta las
"desigualdades" existentes entre la campaña del Gobierno y
PAIS frente a los grupos ajenos al régimen.

Martes 28 de julio del 2009
| 09:50Política

Servidores
públicos inician primer día de
protestas

Redacción-AFP

En los exteriores del Hospital del Niño, en Quito
y Gómez Rendón, también se dio esta
mañana la protesta de los trabajadores contra la
política laboral del Gobierno.

Agremiados en diferentes sindicatos de
varias instituciones del sector público, los trabajadores
iniciaron hoy una jornada de tres días de
protesta.Desacuerdos laborales llevaron a los sindicatos a salir
a las calles a protestar en contra del proyecto de Ley
Orgánica del Servicio Público que entregó el
Jefe de Estado, Rafael Correa, los primeros días de julio
a la Comisión Legislativa.Xavier Vera, dirigente sindical,
indicó que "hoy empezamos los trabajadores, mañana
serán los profesores, posteriormente serán las
universidades, reportó Ecuavisa.Los empleados
señalarom que si el Gobierno no acepta las exigencias, el
5 de agosto harán una marcha nacional. Rosa Rondoy,
empleada pública, dijo al noticiero de Teleamazonas que
"nos vamos a ir a la huelga nacional"."Hoy (martes) empezó
una jornada nacional de resistencia, en la que participan
diversos sectores sociales. Estamos hartos de la política
laboral del gobierno, tenemos la capacidad de reacción y
por eso son estas acciones de lucha", dijo Eduardo Valdez,
presidente de la Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).Entretanto, el gobierno
respetará la protesta "siempre y cuando no se recurra a la
violencia", al tiempo que mantiene abierto el diálogo,
según indicó ayer el ministro de la
Política, Ricardo Patiño. A las movilizaciones, que
en Guayaquil, llegaron hasta el Ministerio del Litoral se unieron
estudiantes universitarios y de la Unión Nacional de
Educadores (UNE, que agrupa a unos 115.000 profesores estatales)
en varias ciudades, señaló Valdez."Hay la
intención de destruir la organización sindical
pública para privatizar las empresas, y a eso nos
oponemos", dijo Valdez.

Por su parte, la UNE se opone a una
evaluación exigida por el gobierno, que prevé la
destitución de los maestros que pierdan las pruebas tras
recibir capacitación.Sector eléctrico Son
9.000 empleados eléctricos de todo el país que
piden la eliminación del decreto 1701y 1786. En
Guayaquil, decenas de empleados se concentraron en los exteriores
de la Empresa Eléctrica.

También protestan por los acuerdos
ministeriales 080 y 155, que impulsa la creación de una
comisión que revisará los contratos colectivos,
reportó Ecuavisa.Con carteles en mano cumplían con
el denominado "día de resistencia del trabajador"A la
protesta se sumaron algunos jubilados, quienes indicaron que
están en la conquista de sus derechos. Uno de los
manifestantes indicó a Canal Uno que la protesta se debe a
que las mesas de diálogo que se nombró con el
presidente de la República, Rafael Correa, "no han
funcionado para nada".Los activistas señalaron que aunque
se encuentran protestando, no han paralizado la atención
al usuario. "Nunca hemos afectado el servicio eléctrico",
señaló uno de los dirigentes.Indicaron que las
ventanillas de servicios al cliente están atendiendo,
así como las emergencias.

Lunes 18 mayo del
2009| 09:22Política

Protesta de servidores públicos es en rechazo a
"política antiobrera"

Santiago Yagual Yagual, presidente de la
Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE),
así lo aseguró esta mañana, al referirse al
paro que realizarán el próximo miércoles 20.
La medida de hecho, de carácter nacional, se
decidió en la reunión del pasado
sábado.Yagual explicó a Citynoticias (89.3 FM en
Guayaquil) que la protesta es en rechazo a la "política
antiobrera" que el presidente de la República, Rafael
Correa, "está esgrimiendo hacia los sindicatos del sector
público", dijo.El dirigente cuestionó la falta de
diálogo en la revisión del contrato colectivo que
-según dijo- afecta a los trabajadores organizados del
país. "No han querido escuchar, han cerrado las puertas,
no han querido dialogar", reclamó.Yagual enfatizó
que ahora la unidad del movimiento obrero hará respetar
sus derechos, a través de las movilizaciones y la huelga
nacional.

Martes 28 de julio del 2009
| 11:53Política

Movilización de servidores públicos no
afectará jornada laboral

Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores Públicos, indicó
que la protesta de hoy es en contra de la vigencia de un proyecto
de Ley Orgánica del Servicio Público.
Señaló que deben impulsar un diálogo para
estructurar un mejor proyecto de ley del servicio público,
porque el entregado por el Ejecutivo el pasado 2 de julio es
atentatorio contra todos los derechos de los trabajadores del
sector.Indicó que en el caso del decreto 1701, en el
que se establecen los criterios que regirán la
contratación colectiva de trabajo en el sector
público, está de acuerdo en que se eliminen ciertos
privilegios.Lo que cuestionan es que "por estas circunstancias de
excepción se generalice diciendo que todas las conquistas
de los hombres tienen que ser conculcadas",
refirió.García enfatizó que no pueden estar
acuerdo con ello, por lo que "vamos a participar" en la
manifestación, dijo esta mañana a Ciitynoticias
(89.3 FM en Guayaquil).No obstante, aclaró que no
suspenderán sus actividades y que la manifestación
se realizará después de las horas laborales.
Añadió que tampoco respaldarán reclamos
orientadas a consagrar privilegios de la contratación
colectiva.

Miércoles 21 de octubre del
2009Política

Docentes no entran en
Ley de Servicio Público

QUITO

Los maestros no entrarán en la Ley
de Servicio Público, pues continuarán amparados en
la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio,
según el informe de mayoría del proyecto de Ley de
Servicio Público que aprobó la comisión
legislativa de Derechos de los Trabajadores.El grupo de
asambleístas de Acuerdo Democrático por la Equidad
(ADE) presentó ayer el respaldo a la presidenta de la
Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea
Vélez, quien  elaboró el informe que es
sustancialmente diferente a la propuesta del Ejecutivo.El
documento pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea
para su trámite en primer debate. Según
Vélez, es una ley absolutamente diferente a la del
Gobierno, pues se desecha la figura del despedido por parte de la
autoridad nominadora y se incluyó un texto que determina
que se debe respetar el debido proceso.La 
asambleísta de ADE explicó que siendo una lucha de
años del magisterio no se la puede echar abajo, por lo
tanto, se plantea que los profesores sigan rigiéndose bajo
el amparo de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. "La
Ley de Servicio Público no regirá para los maestros
y profesores", resaltó. También argumentó
que la propuesta de la comisión, de hacer una
diferenciación entre los maestros y servidores
públicos, no cae en la inconstitucionalidad, porque si se
observa el artículo 349, sí prevé que los
maestros pueden estar bajo la Ley de Escalafón y Sueldos
del Magisterio.Además, la Ley de Servicio Público
garantiza horarios especiales con las mismas remuneraciones para
aquellos servidores públicos que tienen a su cargo o
protección a personas con discapacidad.

Jueves 21 de enero del 2010
| 07:58Economía

Servidores públicos rechazan pago mensual de
décimos sueldos

Remigio Hurtado, vicepresidente de la
Confederación Nacional de Servidores Públicos,
asegura que cuenta con el apoyo de los jefes de bloque de la
Legislatura para no dar paso a esta reforma.Señaló
que, en busca de apoyo en la Asamblea Nacional, ha logrado
dialogar con Paco Mocayo, los asambleístas
del ADE, ID, Prian, SP, Madera de Guerrero y
"tenemos muchos servidores y servidoras públicas que
también están con nosotros en la posición de
rechazar esta propuesta de Richard Espinosa (Ministro de
Relaciones Laborales)".

Hurtado asegura que estas reformas
deberán pasar por la Asamblea Nacional y no podrán
entrar en vigencia por decreto Ejecutivo.El pago mensual de los
decimotercero y decimocuarto sueldos, junto con los fondos de
reserva y una remuneración variable en función de
las utilidades, están entre los cambios en la
política salarial para este año, según el
ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.En
diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Hurtado
indicó que lo que pretende el Gobierno con esta
decisión es que si no aceptamos esta mensualización
de los décimos sueldos, "no habrá incremento
salarial en el 2010".Destacó que en el presupuesto general
del Estado para el 2010 hay $ 6 mil millones más que en el
2009 y de ese dinero, no hay destinado nada para la
remuneración de los servidores
públicos.Razón por la que hacen un llamado a los
servidores públicos del país
para prepararse para la gran marcha nacional
pacífica que realizarán el día que se debata
en segunda instancia la Ley de Servicio
Público.

Viernes 23 de abril del 2010Política

Mandatario apunta a
reducir recursos de FF.AA. a futuro

QUITO

El presidente Rafael Correa
manifestó ayer que es necesario revisar el monto del
presupuesto destinado para las Fuerzas Armadas. "En esta nueva
época nuestra única guerra es contra la pobreza, la
inequidad, el desempleo, la corrupción, la injusticia",
dijo en el marco de la ceremonia del cambio de la cúpula
militar.

Según el Mandatario, se debe pensar
que el gasto en defensa alcanza los $ 1.600 millones, de los
cuáles $ 398 millones son para invertir en la
recuperación de la capacidad operativa de las FF.AA.; el
resto, para sueldos y salarios de los más de 40 mil
uniformados. Esto representa, según Correa, el 2,7% del
Producto Interno Bruto (PIB).El presupuesto para Defensa Nacional
se incrementó en la pro forma presupuestaria del 2010.
Mientras en el 2009 esta contemplaba recursos por 1.287 millones
de dólares, en el 2010 llegó a $ 1.670 millones, es
decir, registró un aumentó de $ 383 millones, que
equivale al 29,8% de incremento. "En el futuro, estas cifras
deben disminuir al menos en términos relativos al PIB,
para dar paso a mayores recursos en ciencia y tecnología,
educación, salud, vialidad, vivienda", puntualizó
el Jefe de Estado.

El ministro de Seguridad Interna y Externa,
Miguel Carvajal, manifestó que bajo ese criterio se
"está negociando" con las autoridades militares una
eventual reducción del monto destinado para la
inversión militar en el presente año.Correa,
además, señaló que se debe analizar la
vigencia de ciertas unidades militares que perdieron su
razón de ser, no precisó cuáles,
además de optimizar los recursos, simplificar y unificar
estructuras administrativas y operativas y reducir el
número del personal. También dijo que se debe
racionalizar las cesantías y jubilaciones de la fuerza
pública para regular distorsiones como el nivel de
ingresos de los generales en servicio pasivo que ganan más
que los activos.Se mostró en desacuerdo de que los
militares aporten el 23% de su salario para la seguridad social.
Dijo que con la nueva Ley de Servidores Públicos que se
debate en la Asamblea, se tendrá una adecuada
cesantía para militares y
policías. 

El comandante del Ejército, Luis
Aguas, señaló que el solo anuncio de la
revisión salarial ya es un motivo de preocupación.
Pidió al mando militar que realice los estudios
correspondientes para que no afectar los ingresos de los
oficiales."Las jubilaciones son justas y dignas en función
de los importantes aportes y el esfuerzo a lo largo de nuestra
vida militar".

Lunes 24 de mayo del
2010Política

Nuevas normas para
gratuidad, docencia y carreras en informe

QUITO

QUITO. Las universidades analizaron el miércoles
en una asamblea nacional el informe de la Comisión de
Educación.

La gratuidad de la universidad estatal, el
régimen laboral de los profesores y la selección de
las carreras tendrán un nuevo esquema, nuevas reglas, una
vez que se apruebe la Ley de Educación Superior, cuyo
proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional.El informe para el
segundo y definitivo debate –elaborado por la
Comisión de Educación– está listo
desde el pasado 7 de mayo. Este contiene nuevas disposiciones
respecto a estos temas.Allí se contempla que para el
ingreso a universidades estatales los alumnos deberán
participar en un sistema de nivelación, cuyas normas
serán desarrolladas en un reglamento. La gratuidad se
aplicará en la educación de tercer nivel (cuando se
elige la profesión que desea seguir) para los estudiantes
regulares que se matriculen en por lo menos el 50% de los
créditos y aprueben en las condiciones ordinarias.No se
cubrirá la segunda ni la tercera matrícula. Para el
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEUE de Pichincha), Carlos Torres, la gratuidad debería
abarcar hasta el cuarto nivel (de posgrado) y manejarse con
criterios de responsabilidad académica.Ese documento
–además– considera en este régimen a
casos especiales, como el de estudiantes embarazadas o en periodo
de lactancia, así como personas que sufren accidentes,
enfermedades graves o calamidades domésticas que sean
debidamente comprobadas.Actualmente, la matrícula y los
aranceles (derechos) son gratuitos.El director financiero del
Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), Jorge
Carrillo, considera que la gratuidad es un caos, porque los
estudiantes creen que todo es gratis, cuando existen aranceles
que tienen un costo. Por ejemplo, el uso de laboratorios, los
formularios de inscripción, el servicio de
Odontología, derecho de arrastre de matricula, cambio de
carrera y otros.En el informe para segundo debate se modifica la
situación de los profesores universitarios, que
pasarían a ser considerados servidores públicos.
Los que trabajen a tiempo completo deberán cumplir 40
horas semanales; los de medio tiempo, 20 horas; los de tiempo
parcial se regirán a lo que disponga el
reglamento.

Para ser profesor titular se exigirá
un título de PhD, que será obligatorio
después de diez años de vigencia de la nueva ley.
En el reglamento se determinarán las condiciones de los
docentes e investigadores. Allí se fijarán las
garantías laborales, como la cobertura de Seguridad
Social, y también las normas de ingreso, promoción,
estabilidad, evaluación, escalas remunerativas,
fortalecimiento institucional, sanciones, jubilación y
cesación.El presidente de la Federación Nacional de
Profesores Universitarios y Politécnicos (Fenapupe),
Ernesto Álvarez, considera que el incremento de horas
semanales deberá compensarse en los sueldos. "Si no hay
incremento salarial, nos mantendremos con la misma carga horaria
de 30 horas", sentencia.Para este dirigente, ese tema de los
profesores no fue consensuado.Respecto a las carreras
universitarias, el informe propone que luego de una
evaluación, estas sean ratificadas o eliminadas,
dependiendo de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo,
elaborado por la Secretaría Nacional de
Planificación (Senplades).Si las universidades no acatan
esta disposición podrían ser sancionadas con la
suspensión del financiamiento por parte del
Estado.Según el Consejo Nacional de Educación
Superior, hasta el 2009 se registraban 3.681 carreras, con
502.913 alumnos matriculados.Para Xavier Tomalá,
asambleísta de PAIS que forma parte de la Comisión
de Educación, la evaluación contínua para
acreditar las carreras y los programas académicos es
necesaria. "Si no cumplen, el Estado no puede invertir en
carreras y programas académicos que no dan resultado",
señala.

Esta comisión legislativa también
elaboró un informe de minoría que propone la
gratuidad sin excepciones, incluyendo –por ejemplo–
la segunda y tercera matrícula.

Miércoles 09 de junio del
2010Política

Cambios en la Ley de
Servicio Público

QUITO

La Asamblea Nacional debatirá y
aprobará mañana la Ley de Servicio Público,
que garantiza la estabilidad laboral en el área
pública de aquellos que actualmente laboran y
además ratifica que ningún servidor público
podrá ganar más de cinco mil dólares
mensuales.Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios
públicos. La normativa no cobija a los maestros o
profesores porque se determinó que ese grupo de servidores
se regirán por la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio.Para los servidores
públicos de los gobiernos seccionales se determina que
serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se
respeta su autonomía, cuya actual remuneración
tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de
hasta cinco mil dólares.El informe fue suscrito
unánimemente por los miembros de la comisión,
destacó la presidenta de ese organismo, Nívea
Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la
figura del despido intempestivo de aquellos servidores que
actualmente laboran en el sector público.En la ley se
elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los
asambleístas consideran que toda persona que ingrese al
sector público debe hacerlo por concurso de méritos
y de oposición, y que además el cargo debe estar
vacante.Las personas que laboran en el sector público en
situación de riesgo, como radiólogos, enfermeras,
etc., tendrán seis horas de trabajo, pero con una
remuneración igual.Además, se amplía de
nueve meses a un año los meses de lactancia materna para
las madres servidoras públicas.

Jueves 10 de junio del 2010Comunidad

Docentes de colegios
militares piden les den nombramientos

Empleados de planteles militares asistieron a la
reunión convocada por las asociaciones de trabajadores que
los ampara.

Que se apruebe la Ley de Educación
con la disposición transitoria séptima, donde se
garantice la estabilidad de los docentes en los establecimientos
educativos regentados por las Fuerzas Armadas, es la
aspiración de los maestros de planteles militares que
desde el próximo año serán
fiscales.Según la Federación Nacional de
Asociaciones de Empleados de los Colegios Militares, el acuerdo
que suscribieron en marzo pasado los ministerios de Defensa,
Educación y Gobierno lesiona su estabilidad y no respeta
sus años de servicios (antigüedad), explicó
Arturo Bueno, coordinador nacional de Asuntos Administrativos de
la organización."En el acuerdo se habla de que
serán considerados los necesarios (docentes y personal
administrativo). ¿Y cómo sabemos quiénes
serán los necesarios?. ¿y el resto?, ¿los
que no son necesarios?, ¿y nuestros derechos adquiridos?",
dijo.Su compañero, Eddi Zavala, quien es el secretario
general nacional de la asociación, que agrupa a más
de 4.200 empleados en el Ecuador, detalló que con el
acuerdo vigente todos tendrán que obligatoriamente
participar en concursos de merecimientos y oposición para
obtener el nombramiento o para ingresar como
docentes."Dónde quedan entonces nuestros años de
servicios y las constantes evaluaciones a las que estamos
sometidos? Nosotros ya pasamos por un concurso de merecimientos y
oposición. No sería justo", agrega Zavala, quien
afirma estar de acuerdo con el proyecto de la nueva Ley de
Educación porque ahí se habla de que se
incorporarán con nombramiento al Ministerio de
Educación. En esta disposición transitoria
séptima, que los docentes lograron que se incluya para el
segundo debate que se trata en la Asamblea Nacional,
también se especifica que solo serán evaluados para
la ubicación en la categoría del
escalafón.El articulado fue aprobado con 8 votos a favor y
una abstención, el pasado 13 de mayo, en la
Comisión Especializada Ocasional (presidida por
César Rodríguez, de PAIS), que trata la Ley de
Educación. Pero en esta disposición solo se
habla del personal docente. Los empleados del área
administrativa y civil esperan también enviar un
articulado que los incluya y que les garantice su continuidad,
pues solo los trabajadores del Ejército tienen
nombramientos, pese a que muchos, según Bueno, son
considerados servidores públicos.

"Nosotros (del ejército) no
tendríamos problema porque nos ampara la resolución
del Senres (Secretaría Técnica de Desarrollo de R.
Humanos y Remuneraciones del Sector Público), oficiada en
septiembre del 2005", añadió Bueno. De no
aprobarse la ley con sus pedidos interpondrán una demanda
de nulidad por inconstitucionalidad.Ayer, en una reunión
que tuvo este gremio con docentes se citó el pluriempleo
que afecta a unos 300 maestros en el país porque fueron
contratados como particulares en los centros militares,
además de trabajar en planteles fiscales. Para ellos se
estudia la forma en pedirán ser liquidados por sus
años de trabajo, manifestó Patricio Analuiza,
presidente de Federación Nacional de Unidades Educativas
de las Fuerzas Armadas y policía Nacional.

Viernes 11 de junio del 2010Política

Colegas y
oposición critican a la oficialista Nívea
Vélez por norma

QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público
llevó a constantes consultas entre los asambleístas
de PAIS y de la oposición.

El informe para segundo debate de la Ley de
Servicio Público no se alejó de las críticas
de los asambleístas, quienes ayer advirtieron que la
normativa violaría la Constitución y
garantizará prebendas a los funcionarios públicos
de todos los niveles de gobierno.

El debate arrancó con la
exposición de la presidenta de la comisión de los
Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS),
quien resaltó las bondades del proyecto sobre la
estabilidad laboral de los servidores públicos, montos de
jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones
geográficas, beneficios de maternidad, evaluación
laboral, entre otras.Pero las críticas se iniciaron con la
intervención del gobiernista Mauro Andino, quien
advirtió que se está legislando de manera ambigua,
general e imprecisa y pidió eliminar beneficios
inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales
del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a
favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional
Electoral. Seguidamente, la oficialista Betty Amores
lamentó que los 9 asambleístas de la
comisión hayan suprimido el capítulo de los
derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo
cual es grave porque la disposición transitoria de la
Constitución establece que se debe aprobar "la normativa
para regular el servicio público y no una ley para los
servidores públicos", dijo. El asambleísta Paco
Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de
cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno,
pues dijo que según el Ministerio de Finanzas
reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos
empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron
nombramiento.  Lo más tenebroso,
añadió, es que en la ley se ordena la
contratación temporal del 20% del total de servidores
públicos cada inicio de gobierno, con lo cual
ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al
sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos
gastos?, preguntó.El gobiernista César
Rodríguez, quien al inicio de su intervención
recibió pifias desde las barras altas, sugirió la
eliminación del texto que excluye a los gobiernos
autónomos, descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales de las escalas salariales que
fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que determina
que nadie puede ganar más que el Presidente de la
República.También observó el artículo
sobre el personal docente que menciona que los maestros en todos
niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera
Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar
conflictos cuando se aplique la normativa.

Miércoles 16 de junio del
2010Política

Ley de Servicio
Público va a debate

QUITO

La Asamblea Nacional intenta hoy aprobar en
segundo y definitivo debate la Ley de Servicio Público,
para lo cual hasta ayer en la tarde la presidenta de la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea
Vélez (ADE), intentaba llegar a consensos en cuatro
puntos.Uno de los temas observados tiene relación con una
transitoria que dispone otorgar nombramientos a aquellos
empleados públicos que estén bajo la modalidad de
contrato por dos años consecutivos. En el tema de los
gobiernos seccionales existe una discrepancia respecto a la
garantía para que los servidores municipales puedan
alcanzar una escala salarial que valore su esfuerzo, todo ello,
sin afectar la autonomía de los gobiernos
descentralizados, afirmó la asambleísta
Vélez.Otro punto crítico también se refiere
a la sugerencia que se dio en el debate de que la ley precise que
quienes pueden acceder a ser funcionarios públicos
serán únicamente los ecuatorianos.

Jueves 17 de junio del 2010Política

Dos sillas para
ejecutivo en ente que controlará medios

QUITO

Ampliar imagen

QUITO. La reunión de jefes de bloque de ayer, no
sirvió para que la Comisión de Comunicación
respete el acuerdo interbloques.

Con una moción de Rolando Panchana
(PAIS) para respaldar el texto presentado por Betty Carrillo
(PAIS), los seis oficialistas integrantes de la Comisión
Ocasional de Comunicación aprobaron ayer que el futuro
Consejo de Comunicación cuente con dos representantes del
Presidente de la República, uno de los Consejos de
Igualdad, uno de las facultades o escuelas de comunicación
y tres de la ciudadanía (que serían designados por
el Consejo de Participación Ciudadana)..A las 17:30,
cuando la Secretaría de la Comisión proclamó
los resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG,
SP, CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó:
"Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la
oposición denunció que el presidente Rafael Correa
no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete,
porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo. La
oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo
político firmado en diciembre pasado establecía que
el Consejo de Comunicación tendrá autonomía
e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y
que la Constitución prohíbe que un organismo
regulador esté integrado por representantes que se
constituyan en juez y parte al momento de tomar
decisiones.

Antes de votar por la integración
del Consejo, con los mismos 6 votos, PAIS aprobó 19
atribuciones para el Consejo de Comunicación. Entre ellas,
proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la
comunicación establecidos en la Constitución; los
instrumentos internacionales y la ley; vigilar que las
políticas públicas garanticen y promuevan los
derechos de comunicación; conocer y resolver en sede
administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a la
comunicación; el monitoreo técnico de la
programación de radio y televisión con el fin de
determinar el cumplimiento de la clasificación de
contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación
pública y el debate, mediante audiencias públicas,
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos
consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos.Se
agregó una atribución propuesta por Panchana en el
sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la
información sobre el tiraje, sintonía y niveles de
audiencia de los medios. Pero no acogió la de
Montúfar para que "los servidores públicos no
vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo
referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael
Correa.Tibán recordó que en el art. 68 del proyecto
que todavía no se vota (hasta las 18:30 de ayer), al
Consejo se le da otra atribución: la de otorgar los
títulos habilitantes para el uso del espectro
radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar
en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del
tema.